La Previsión Social de los Trabajadores Autónomos

José A. Herce

José A. Puertas

Socios fundadores de LoRIS

Octubre 2022

El pasado 26 de julio se publicaba en el BOE el Real Decreto-ley 13/2022 que desarrolla el nuevo sistema de cotización para trabajadores autónomos, además de otras medidas en su marco previsional. El gobierno justificaba el uso de este procedimiento por vía de urgencia en la necesidad de cumplir con el calendario de modificaciones legislativas trasmitido a Bruselas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), la necesidad de acometer las adaptaciones administrativas, técnicas y tecnológicas a las que debe enfrentarse la implantación de la nueva norma y, por último, la necesidad de mantener un proceso de información ante el colectivo afectado por la norma previo a su entrada en vigor, el 1 de enero de 2023.

 

Esta norma cierra, por ahora, un largo debate sobre la necesidad de superar el marco actual de la Previsión Social de los trabajadores autónomos. Aquejados estos de un claro sesgo secular hacia la opción por la base mínima de cotización, lo que ha producido un clamoroso panorama de millones de trabajadores insuficientemente cubiertos por pensiones mínimas que, además, deben ser apoyadas por complementos de mínimos. Lo que conlleva un claro esfuerzo adicional, presupuestario desde que los complementos de mínimos se financian con los impuestos generales.

 

Al mismo tiempo que se da un clamor paralelo y no menos intenso de los propios trabajadores autónomos, porque no en pocas ocasiones deben afrontar el pago de una cuota a la Seguridad Social que, a menudo, supera sus ingresos netos efectivos mensuales. La paradoja de estar comprando derechos futuros de pensiones cuando no entran ingresos corrientes en la caja del trabajador o la trabajadora por cuenta propia es un suceso que se da, desgraciadamente, con frecuencia. No digamos en los últimos años marcados por la crisis financiera y la pandemia desde 2008.

 

Tras muchos meses de discrepancias y tanteos con el colectivo de trabajadores autónomos, el ministro Escrivá logró finalmente el acuerdo con las asociaciones representativas en la mesa del diálogo social poco antes de la promulgación del RDL de 26 de junio. No sin que subsista la sensación, al menos entre quienes firmamos esta entrada, de que la situación no está cerrada y que se ha perdido una buena oportunidad para hacer un reforma pionera de la Previsión Social de los autónomos que podía haber marcado la vía para una profunda revisión de la Previsión Social española.

 

Podrá decirse, como argumentan los responsables del sistema, que esta reforma integral de la Previsión Social (Pilares I, II y III) ya sea cerrado (o casi, falta el periodo de cómputo y el destope de las bases máximas) con la norma aprobada por el gobierno el 26 de junio. Y que se han cumplido tanto los mandatos del Pacto de Toledo como los compromisos contraídos con Bruselas a través del PRTR. Pero ese cumplimiento es nominal, porque el principal cumplimiento de las instituciones de la Previsión Social, en España y fuera de ella, es el cumplimiento con la sostenibilidad y la suficiencia (además de la equidad generacional) de las pensiones.

 

¿De qué “oportunidad perdida” hablamos? Conviene ser rigurosos y realistas. En el panorama español de la Previsión Social (PS, Pilares I, II y III) no se contempla un cambio sistémico de nuestro sistema de pensiones. Este sistema amplio está compuesto, como es bien sabido, por la Seguridad Social (SS, Pilar I) o revisión Social Obligatoria (PSO) y la Previsión Social Complementaria (PSC, Pilares II y III).

 

La PSO lo impregna todo: eleva un tipo del 30,30% sobre el salario bruto (hasta un tope) por contingencias comunes y profesionales, su fórmula de prestación definida reconoce prestaciones de alrededor el 80% del último salario en el momento de la jubilación, cubre además las contingencias afines de supervivencia (viudedad y orfandad), incapacidad permanente, incapacidad transitoria y accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Reconoce casi 10 millones de pensiones (9 millones de pensionistas). Encuadra obligatoriamente a todos los trabajadores por cuenta ajena (16,8 millones) y por cuenta propia (3,3 millones) en regímenes diversos adaptados a las condiciones de varias modalidades laborales. Además, otorga pensiones no contributivas de vejez e invalidez a las personas de 65 y más años que carecen de recursos suficientes (alrededor de 0,5 millones de pensiones). Esta es la Previsión Social Obligatoria (PSO), pública, por más señas. Su método financiero es el del reparto, genera ingresos por cotizaciones equivalentes a un 11% del PIB y realiza pagos por prestaciones de casi el 14% del PIB. Su diferencia deben cubrirla tras transferencias del Estado.

 

Por su parte, la PSC es voluntaria, no puede sustituir a la Seguridad social. En sus esquemas no asegurados (Planes y Fondos de Pensiones ocupacionales e individuales, “Universo INVERCO”, para entendernos) cubre a 1,9 millones de asalariados (PSC de empleo, Pilar II) y mantiene 9,5 millones de cuentas de partícipes PSC Individual, Pilar III. Pero la cuenta media es de unos 13.000 euros, la aportación media de 600 euros y el número de pensionistas (de renta) apenas supera los 67 mil en el sistema de empleo y los 332 mil en el sistema individual (datos para 2020). Sus activos totales bajo gestión no llegan al 11% del PIB. En los esquemas asegurados, se produce una dispersión enorme de figuras previsionales, más o menos cercanas a este propósito. Los asegurados superan los 14 millones (Pilares II y III), cuyos derechos de jubilación son muy variados, arrancando desde modestos premios de jubilación hasta rentas vitalicias de entidad. Las reservas matemáticas de la PSC asegurada alcanzan los 190 millardos de euros, un 15,8% del PIB adicional al 11% del PIB que representan los activos de los Planes y Fondos de pensiones no asegurados.

 

Dentro de la PSC del ámbito asegurador se encuentran con una presencia muy importante las Mutualidades de Previsión Social que encuadran fundamentalmente a colectivos profesionales formados por trabajadores esencialmente autónomos. Además, en su seno, se encuentran las mutualidades alternativas al RETA. Una modalidad del máximo interés por su obligación de ofertar a sus mutualistas las mismas prestaciones que el RETA, dándose la presencia de mejoras y avances que hacen de este segmento un campo natural de experimentación. El mutualismo estrictamente previsional consta de 126 entidades, cubre a unos 2 millones de mutualistas y gestiona activos totales por valor de 51,4 millardos de euros.

 

Los trabajadores autónomos se sitúan pues en el marco general de la Previsión Social (obligatoria, complementaria y, dentro de esta, mutualista) de manera muy señalada por dos rasgos esenciales: (i) un 80% de estos trabajadores cotiza a la SS por la base mínima de cotización y obtienen, por lo tanto, pensiones mínimas y (ii) no tienen acceso a vehículos previsionales complementarios que dispongan de una fiscalidad plenamente asimilable a la de los Planes de Pensiones de empleo. Es decir, sufren limitaciones funcionales y legales para acceder a una previsión social integral suficiente. Afortunadamente, hay que decirlo, la Ley 12/2022 de Planes y Fondos de Pensiones de Empleo ha rectificado a futuro, a favor de los trabajadores autónomos, la fuerte limitación que veía sufriendo la fiscalidad de su PSC.

 

Los trabajadores autónomos no pueden deducir en la actualidad más de 1.500 euros en su base del IRPF pues solo pueden acceder a vehículos previsionales afectados en 2022 de esta limitación fiscal. Esta situación va a mejorar considerablemente, sin embargo, gracias a la Ley 12/2022 mencionada que aumenta el límite de esta deducción hasta los 5.750 euros en los Planes de Pensiones de Empleo Simplificados. Se estima que solo el 40% de los trabajadores autónomos tienen una cuenta previsional en el sistema individual. Su elección masiva de la base mínima de cotización a la SS, por otra parte, se ve motivada por la dificultad de la mayoría de estos trabajadores y trabajadoras para facturar lo suficiente. Es más, se aduce a menudo en este colectivo que hay meses en los que su facturación es inferior a la base de cotización o inexistente.

 

Por esta última razón, las negociaciones entre el gobierno y los trabajadores autónomos durante todos los meses que precedieron al acuerdo en el que se sustenta el RDL 13/2022 de 26 de julio (aprobado por el Congreso de los Diputados el 25 de agosto) estuvieron salpicadas de reticencias por parte de las asociaciones representativas ante el temor de que se encareciesen las cuotas devengadas por los trabajadores. El RDL aludido, por fin, aporta una “solución de compromiso”. De hecho, con las nuevas bases mínimas (se mantiene la elección de base) la mayoría de los autónomos abonarán una cuota menor de que vienen abonando en la actualidad en el periodo 2023-2025.Esta solución, encierra la paradoja de que no van a mejorar los derechos de esta mayoría de trabajadores porque sus pensiones seguirán siendo mínima. Van a tener que destinarse más recursos públicos a complementos de mínimos y, al final del día, seguirá habiendo trabajadores que no puedan pagar la cuota porque sus ingresos sean inferiores a esta o inexistentes.

 

En definitiva, el acuerdo de las asociaciones y el gobierno fue posible porque reduce la presión financiera sobre la mayoría de los trabajadores autónomos, anclándolos todavía más en el insondable nicho de las pensiones mínimas y cargando aún más el fardo financiero del sistema de pensiones por complementos de mínimos crecientes.

 

Aquí radica, justamente, la oportunidad perdida. El tipo de cotización por contingencias comunes y profesionales es del 30,60%, pero si no hay ingresos netos en un mes determinado, este tipo rinde cero euros. Sobre esta base tan elemental debería haberse construido una reforma de la fórmula de las pensiones para los trabajadores autónomos de verdadero futuro. Es decir, ¿por qué no haber introducido el principio de “Aportación Definida” en este colectivo? Según esta simple reforma, aunque compleja en el plano político y de la negociación social, los trabajadores autónomos pasarían a cotizar al tipo del 30,60% (o más reducido) sobre sus ingresos netos efectivos, hasta la base máxima de cotización del Régimen General. Estas cotizaciones efectivas se apuntarían en una cuenta individual de cada trabajador (una cuenta nocional, claro) y se capitalizarían cada año a un tanto porciento nocional determinado por ley presupuestaria en función del crecimiento de la economía. A la jubilación del trabajador o la trabajadora, las cotizaciones acumuladas capitalizadas de la manera indicada se convertirían en una renta vitalicia protegida contra la inflación (un escenario inflacionista revisable) en función de la esperanza de vida de aquellos.

 

De esta forma se introducirían, de manera controlada, en la cultura previsional obligatoria española (la SS, Pilar I), las claves de una reforma integral futura que podría salvar la sostenibilidad del sistema y la suficiencia de las pensiones.

 

Los derechos acumulados por los trabajadores autónomos hasta el momento de la adopción de la nueva fórmula se valorarían y su contravalor se apuntaría en la cuenta individual del trabajador a su apertura. El RETA seguiría siendo de reparto, para afrontar los derechos de los actuales pensionistas del régimen y el pago de los derechos futuros acumulados en las cuentas individuales. Pero estas serían sostenibles por su forma de cálculo (rentas vitalicias). En muchos casos, las rentas vitalicias podrían ser insuficientes, si los ingresos netos de todo el ciclo laboral del trabajador sobre los que se giran las cotizaciones hubieran sido también insuficientes para la acumulación capitalizada. La nueva fórmula no resolvería esto per se, pues este es un problema del mercado laboral, no del sistema de pensiones, y deberá seguir en manos del sistema de complementos de renta de jubilación condicionados.

 

La solución que se apunta no obra milagros, en ausencia de productividad que aumente los rendimientos netos de los trabajadores autónomos. Pero tiene la virtud de introducir una fórmula actuarialmente justa, de evitar que se paguen cuotas a la SS cuando no se han tenido ingresos netos positivos y, lo que no es menor, eliminar la elección de base de cotización, al tiempo que limita la base de cotización como en el Régimen General. También, al totalizar las cotizaciones efectivas de toda la vida laboral, permite una mayor acumulación de derechos combinando sin sesgos los buenos y malos periodos del ciclo vital laboral del trabajador. Por fin, la capitalización de las cotizaciones efectivas llevaría a este esquema a compartir y trasladar los frutos del crecimiento de la economía a la vida futura de los jubilados (y a compartir los momentos recesivos también).

 

Por otra parte, el cálculo nocional permite un tratamiento de la inflación futura que disminuye enormemente el riesgo que esta representa sin tener que dedicar recursos excesivos cuando la inflación se produzca y no mermaría los derechos adquiridos si no se produjese. Igualmente, resuelve de manera natural el problema de estimular la demora de la jubilación, gracias a la disuasión natural que el cálculo de rentas vitalicias supone para las carreras de cotización más cortas, dentro incluso de los límites actuales de la jubilación anticipada. También, como derivada interesante, puede añadirse que el trabajador autónomo tendría en su cuenta individual una herramienta de gestión cotidiana de sus derechos de jubilación estrechamente vinculada a su cuenta de resultados, apoyada en la tecnología y los hallazgos de las finanzas conductuales y debería disponer de la posibilidad de realizar aportaciones voluntarias por encima de la cuota proporcional en periodos de bonanza económica.

 

El sistema de bases y cuotas adoptado en julio de este año para los autónomos solo suaviza la situación actual y calma la inquietud de los trabajadores autónomos más modestos, a costa de sembrarla entre los más afluentes. No limita el grave sesgo de la elección de base de cotización. Tampoco garantiza pensiones suficientes, al tiempo que arriesga la sostenibilidad del sistema. Se ha perdido la oportunidad de realizar un cambio asequible, controlado que, de haberse diseñado adecuadamente podría haber rendido importantes claves para una reforma integral de nuestro sistema de Previsión Social.

 

En este punto, debe concluirse esta entrada crítica sobre la Previsión Social integral de los trabajadores autónomos, dando la bienvenida a los últimos acuerdos y disposiciones normativas que, no obstante, la solución parcial que representan, devuelve la tranquilidad al colectivo, calman la inquietud de sus miembros respecto a una Previsión Social de Pilar I insoportable para ellos y mejora la fiscalidad de sus aportaciones a la PSC. No sin insistir en que el gran colectivo de trabajadores autónomos españoles tiene mucho trabajo por delante para poner su PS a la hora del Siglo XXI logrando suficiencia y sostenibilidad en su cobertura integral con la combinación de la PSO y la PSC. Un proceso en el que, estamos convencidos, avanzará rápidamente de la mano de la innovación que se producirá tanto en la PSO (Pilar I o Seguridad Social), de la mano de las cuentas individuales, como en la PSC (Pilares II y III) de la mano de los nuevos Planes de Empleo Simplificados, el Mutualismo de Previsión Social y el resto de las entidades que componen el universo de la PSC española.

Fecha de publicación

25/10/2022